LAS NUEVAS TÁCTICAS DEL ESTADO CONTRA LOS TRABAJADORES QUE SE ESCONDEN TRAS LA LLAMADA “DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA”

El gobierno nacional ha llevado adelante una reforma judicial que muy pomposamente ha denominado “democratización de la justicia”, alegando que la misma viene supuestamente a reformar una justicia conservadora tendiente a favorecer a los grandes grupos económicos. Sin embargo, el contenido de la reforma kirchrista dista de tener realmente esos fines sino que vuelve a otorgarle al Estado nuevas herramientas legales para limitar los reclamos de trabajadores, jubilados y demás excluidos del sistema, frente a un contexto de crisis económica que esta misma reforma parece estar reconociendo.

La nueva ley sobre medidas cautelares que forma parte de estas reformas viene a limitar toda posibilidad de que los trabajadores y jubilados puedan obtener una medida cautelar contra el Estado. Las medidas cautelares sirven para obtener una respuesta rápida y efectiva frente a un reclamo judicial urgente que no puede esperar a que termine el juicio para serle reconocido. De esta forma, con la nueva ley trabajadores y jubilados no podrán solicitar más medidas cautelares contra el Estado aún cuando se encuentran en situaciones desesperantes que exijan una respuesta rápida. Los defensores de esta reforme salen por todos los medios diciendo que la nueva ley no afecta a los trabajadores y jubilados porque las limitaciones allí previstas no se aplican a los reclamos de contenido alimentario. Pero se olvidan decir que la nueva ley establece que las medidas cautelares no podrán afectar los bienes y recursos del Estado, aún para el caso de los reclamos de contenido alimentario. Por lo tanto, las cautelares no podrán ordenar al Estado pagar preventivamente salarios, jubilaciones u indemnizaciones de cualquier tipo. Además todos los reclamos de trabajadores que no tienen contenido patrimonial se encuentran plenamente alcanzados por la reforma, tales como los reclamos en donde el Estado afecta la libertad sindical como ser los casos en que no deja entrar a un delegado de base a trabajar en el organismo donde trabaja, o cuando el Ministerio de Trabajo le niega la inscripción a nuevos sindicatos, etc. En todos estos casos no se podrán pedir medidas cautelares como habitualmente se hace para dejar entrar al delegado o permitir la inscripción del nuevo sindicato. Lejos esta ésta ley de ser una medida contra los grandes grupos económicos, ya que uno de los nuevos requisitos que establece para limitar las cautelares es que aquél que pida una cautelar contra el Estado debe ofrecer en garantía algún bien o tener algún garante con solvencia, para de esta forma asegurarse de pagar los daños ocasionados por la cautelar en el caso de que después pierda el juicio. Es evidente de que trabajadores y jubilados no pueden cumplir con este requisito, cosa que sí pueden hacer las grandes empresas.

Pero la nueva ley sobre medidas cautelares al mismo tiempo que limita las cautelares de los trabajadores y jubilados contra el Estado, favorece que el Estado pueda obtener medidas cautelares contra los particulares. El art. 17 permite que el Estado o empresas concesionarias de servicios puedan obtener en forma inmediata cualquier tipo de medida cautelar contra actos u omisiones que afecten la prestación de servicios públicos o actividades de interés público. Este artículo generó mucha polémica porque viola claramente el derecho de huelga, especialmente porque dentro de actividad de interés público puede entrar cualquier cosa. Para intentar salvar esta situación, al texto aprobado la agregaron un segundo párrafo que dice que dicha disposición no se aplica a los conflictos laborales. Pero ello no evita que en la práctica sea aplicado a los trabajadores en huelga ya que el gobierno utiliza un concepto restringido de conflicto laboral, sobretodo si no hay algún sindicato con personería que apoye la misma. Además, el agregado no salva a las protestas que puedan hacer otros sectores excluidos que no son considerados laborales como son los desocupados, los reclamos de barrios carenciados, ambientalistas, pueblos originarios, etc. Es vergonzosa la complicidad de la burocracia sindical que ha callado frente a estas medidas, o ha realizado tibias críticas sin adoptar medidas de fuerza efectivas para hacer frente a estas agresiones contra los trabajadores, especialmente los sindicatos estatales principales afectados por la reforma.

El significado de la nueva ley sobre medidas cautelares es muy claro si tenemos en cuenta que el mismo contiene disposiciones que estaban en la “ley de déficit cero” dictada en el gobierno de De La Rúa por el ministro de economía Felipe Cavallo en medio de la crisis del 2001 para intentar para la crisis, y en la “ley antigoteo” dictada en el 2002 por Duhalde para frenar las cautelares contra el corralito bancario. Todas estas eran leyes de emergencia y eran para evitar el desfinanciamiento estatal y del sistema bancario. Por lo tanto, ante una gran déficit fiscal como el actualmente existente, la nueva ley es una medida del Estado para proteger sus recursos frente a los reclamos de trabajadores y demás excluidos en caras a una nueva situación de crisis, para lo cual el gobierno nacional y popular a optado por seguir sosteniendo el sistema de explotación y seguir pagando la deuda externa que ha renegociado a costa de los trabajadores. Todo esto al mismo tiempo de que se arma de nuevos recursos para reprimir la protesta social que se suma a las anteriormente adoptadas como la Ley Antiterrorista.

Pero la ley sobre medidas cautelares y otras dictadas recientemente por el gobierno nacional y popular para favorecer a las empresas, como la reforma a la ley de riesgos del trabajo, necesita ser respaldada por una renovación total del poder judicial para evitar que las mismas sean nuevamente declaradas inconstitucionales, como sucedió en su momento con la ley de déficit cero y la ley antigoteo, y como esta empezando a suceder con la última reforma a la ley de riesgos del trabajo. Para eso el paquete de medidas del gobierno incluye la reforma del Consejo de la Magistratura para que el partido que saque más votos en las próximas elecciones nacionales pueda tener las 2/3 partes de los integrantes del Consejo. Pero como el Consejo de la Magistratura elige a los nuevos jueces a medida de que se van produciendo vacantes, el gobierno acelera el proceso de renovación del poder judicial creando las Cámaras de Casación cuyos integrantes van a ser elegidos por el nuevo Consejo para que revisen todas las decisiones que dicten las Cámaras de Apelaciones. En el caso del fuero del trabajo y en el de la seguridad social van a ser tres jueces del color político de este gobierno los que van a fijar la doctrina obligatoria para cada uno de esos fueros. No es necesario recordar que han sido un dolor de cabezas para este gobierno los juicios de los jubilados, y las sentencias del fuero del trabajo que han declarado la inconstitucionalidad de la ley de riesgos y han cuestionado el actual modelo sindical. La nueva Cámara de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social vendrá a corregir esos defectos del sistema, al mismo tiempo de alarga aún más los juicios agregando una nueva instancia burocrática para que los juicios no terminen más, y los jubilados se mueran y los trabajadores desistan de demandar a los patrones. Porque es mentira que las Cámaras de Casación son creadas para descomprimir a la Corte como falsamente anunció la presidenta en su discurso, ya que la Corte seguirá manteniendo su competencia y simplemente se agrega una nueva instancia a los juicios. También es mentira que la Cámara de Casación tendrá una competencia reducida como se anuncia sino que todos los juicios laborales y de jubilados pasarán por ella indefectiblemente.

Cuando los recursos financieros se reducen y resulta imposible seguir conteniendo a los sectores populares con reformas parciales y medidas paliativas, el Estado nacional y popular se rearma con nuevas estrategias para afrontar la crisis, asegurando a las empresas que seguirán obteniendo sus respectivas tasas de ganancia a costa de los trabajadores. De esta manera el kirchnerismo demuestra cuál fue su verdadera función durante este ciclo de 10 años: el sostenimiento del sistema de explotación capitalista luego de la crisis del 2001. Frente a esta situación coyuntural los trabajadores deben resistir en sus lugares de trabajo y en las calles la nueva embestida contra sus derechos que la santa alianza Estado-Empresa-Burocracia sindical lleva adelante. Para ello es fundamental la organización horizontal y directa de los trabajadores para elaborar sus propias estrategias para la lucha, tomando en sus propias manos la decisión de proteger sus derechos contra los explotadores.