CASO “CHEVRON”

**FILE** Smoke billows from a ChevronTexaco refinery in Richmond, Calif. in this file photo from Tuesday, July 26, 2005. Chevron Corp. shares fell after the company cautioned its fourth-quarter profit will be hurt by lower crude oil prices, declining production and weaker margins in its refining business. (AP Photo/Noah Berger, File)
CUANDO SE AFECTAN LOS INTERESES DE PETROLERAS MULTINACIONALES NO HAY UNIDAD LATINOAMERICANA PARA EL GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR

La Corte Suprema siguiendo los lineamientos del dictamen de la procuradora general Gils Carbó, dictó sentencia el pasado 4 de junio de 2013 rechazando el embargo decretado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil por más de 19 mil millones de dólares, sobre los activos existentes en el país de la compañía Chevron Argentina SRL y otras sociedades del grupo Chevron.

El embargo había sido solicitado por la justicia ecuatoriana en un proceso iniciado contra la compañía “Chevron Corporation”, en la cual fue condenada a resarcir los daños ambientales ocasionados por su antecesora Texaco en ecuador entre los años 1964 y 1990. El embargo comprendía todos los activos de Chevron Corporation y de sus filiales en el país, es decir, Chevron Argentina SRL y otras sociedades del grupo.

Es importante tener en cuenta que recientemente YPF celebró un contrato con Chevron Argentina SRL para la explotación del yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, cuya inversión inicial era de U$S 1.500.000.000. Por lo tanto, la posibilidad de que se embarguen activos de dicha multinacional en el país hacía peligrar la efectividad de sus inversiones, imposibilitando que la argentina alcance la llama “independencia energética”, la cual “depende” justamente de esas inversiones.

Pese a las permanentes referencias del gobierno nacional y popular a la llamada unidad latinoamericana y a la patria grande contra las corporaciones, la procuradora general Gils Carbó, integrante de la agrupación justicia legítima, dictaminó en contra del embargo solicitado por la justicia ecuatoriana favoreciendo los intereses de la multinacional Chevron, y demostrando cuáles son los límites de la unidad latinoamericana cuando se afectan los intereses de multinacionales radicadas en el país. No tuvo en consideración de que se trataba de un embargo por daños ambientales en otro país latinoamericano, ni que el mismo estaba dirigido contra una corporación norteamericana que obtiene enormes beneficios por contaminar el medio ambiente.

La procuradora en su dictamen señaló que el juicio seguido en ecuador era sólo contra Chevron Corporation, y no contra Chevron Argentina SRL y el resto de las filiales en este país, los cuales _“…tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de sus accionistas directos e indirectos”_. Es decir que como Chevron Argentina SRL es una sociedad constituida en la argentina, la misma no debe recargar con las deudas que tenga la matriz del grupo Chevron Corporation en otros países, aún cuando esta última sea accionista directa o indirecta de su filial Chevron Argentina SRL. Con este razonamiento “legalista” la denominada representante del ministerio público logra poner barreras formales para proteger las inversiones de las multinacionales en el país, desconociendo el nexo de responsabilidad que le cabe por su accionar contaminante en otras regiones del planeta.

La procuradora al considerar a Chevron Argentina SRL como una sociedad constituida en la República Argentina distinta de la matriz, logra ponerle nacionalidad al gran capital y de esta forma vincularla a los intereses de la nación argentina, al mismo tiempo que reconoce implícitamente la necesidad de seguir dependiendo de la inversión extranjera contaminante para poder desarrollar una política de aparente independencia económica. Todo esto en desmedro de la llamada unidad latinoamericana contra el imperialismo y las corporaciones.

En su dictamen la procuradora logra alinear los intereses de la mencionada multinacional con la política energética seguida por el gobierno nacional y popular, al decir que: _“La traba de un embargo por un monto de U$D 19.021.522.000 sobre los activos y, en particular, las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, a saber, la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables a los intereses de la comunidad vinculados con la política energética y el desarrollo económico de nuestro país”_. De esta forma, proteger los intereses económicos del país implica proteger las inversiones hechas por las multinacionales en el mismo, en este caso, contra los reclamos indemnizatorios hechos por otro país latinoamericano como es ecuador.

El caso “Chevron” constituye una verdadera parodia del discurso nacionalista en donde corte suprema y poder ejecutivo se alinean para proteger los intereses del gran capital, ahora vinculado a los intereses de la nación por el sólo hecho de haber invertido en el mismo y continuar haciendo negocios en el mismo. Este caso demuestra también los límites formales sobre los cuales se sostiene el discurso nacionalista, el cual se encuentra basado exclusivamente en la política que desarrollan los gobernantes en supuesto beneficio de los habitantes de una nación, sin importar la existencia misma de la explotación y de la depredación capitalista dentro de sus propios territorios, y para los cuales, los límites nacionales poco les afectan, y al contrario, pueden correr en su ayuda como sucedió en el caso “Chevron”.

por: LEO

SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD DE RESISTENCIA OFICIOS VARIOS CAPITAL/
FORA-AIT

CORONEL SALVADORES 1200, LA BOCA, CABA

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