Los trabajadores no tenemos patria

El 30 de enero el Boletín Oficial publicó el decreto presidencial 70/2017 que modificó la Ley N° 25.871 sobre migraciones. La modificación estuvo precedida por una campaña xenófoba motorizada no sólo por el oficialismo sino por la oposición burguesa: “el Hospital Rivadavia está ocupado por ciudadanos paraguayos” y hay “sectores delictivos” compuestos por inmigrantes, había afirmado con anterioridad el peronista senador del bloque kirchnerista Miguel Pichetto (La Nación, 4/11/2016). “Que no se apoderen del pan nuestro de cada día con la importación de mano de obra clandestina” decía el sindicato peronista UOCRA en el invierno de 1993, en plena recesión menemista. Sobre todo en momentos -como el actual- de alto desempleo y profundo deterioro de las condiciones de vida, eslóganes trillados como el recién mencionado son utilizados por voceros de la Patronal para dividir a los trabajadores, por eso no es casual que la burguesía se empeñe en asociar la inmigración con el delito y la pobreza.

El fantasma de la Ley de Residencia

Cuando hacia 1880 se conformó el Estado argentino, la apropiación territorial que terminó configurando el país agroganadero exportador sobre el que se asienta el tipo de capitalismo aún vigente en Argentina estableció consigo una determinada política migratoria. En efecto, el latifundismo que concentró la riqueza en pocas manos puso en práctica sus primeras acciones migratorias: al integrar las economías regionales al mercado nacional de granero del mundo, los gauchos comenzaron a integrar la tropa regular del Ejército que mataba indígenas. Este primer ordenamiento migratorio del naciente Estado capitalista argentino construyó una identidad nacional que excluía al aborigen e incluía al gaucho de provincias al proyecto de Nación. La segunda política migratoria fue consecuencia de la pretensión de consolidar la naciente relación social capitalista: se necesitaban obras de infraestructura para comunicar esa vasta estancia pampeana que era la Argentina de 1880; y para hacer esas obras se necesitaba fuerza de trabajo que aún escaseaba: el fomento de la inmigración europea fue la solución.

Fue notable la expansión demográfica en general y de inmigrantes europeos en particular: si en 1869 (primer censo nacional) de casi 1.800.000 personas que habitaban la Argentina alrededor de 210.000 eran migrantes de ultramar (12,1% del total de habitantes), en 1895 había casi 4.000.000 de personas en todo el territorio y 1.000.000 de ellos provenían de Europa (25,2% del total de la población). Pero esos extranjeros se encontraron con condiciones económicas y sociales no creadas por ellos: desempleo, salarios bajos y jornadas laborales que no bajaban de 10 hs y llegaban hasta las 18 hs diarias. Gracias a la inmigración promocionada por la oligarquía argentina también llegaron las ideas socialistas y libertarias: en parte debido a los activistas anarquistas y marxistas provenientes de Europa, la organización de huelgas obreras -que eran producto de unas condiciones estructurales que la burguesía no pretendía mejorar- proliferaron desde 1885. Y con la acción directa no sólo mejoraron las condiciones laborales sino que surgieron agrupamientos gremiales más o menos estables, entre ellos la F.O.A. (fundada en 1901 y rebautizada F.O.R.A. en 1904). Ante el creciente clamor obrero, la burguesía comenzó a pedir mano dura: “ningún argentino es socialista, porque no hay en la República causas para el socialismo. (…) una ley de defensa del país contra aquel elemento perturbador, que faculte a los Poderes Públicos para embarcar a todo individuo convicto de la prédica mencionada contra el orden social, y devolverlos a sus países, matará la única simiente posible y allí terminará la lucha” (La Prensa, 11/11/1888). El objetivo era claro: se buscaba reprimir la acción gremial socialista y libertaria proporcionando el marco legal para la deportación (y la entrada y admisión) de obreros extranjeros que atentaran contra el “orden social”, al mismo tiempo que se exaltaba una identidad interclasista (la “nacionalidad argentina” donde convivirían en armonía burgueses y trabajadores nacidos en suelo argentino) antagónica de otra foránea y de clase (porque sus portadores eran obreros extranjeros marxistas o anarquistas) que pretendía “perturbar” la “organización social” nativa al enfrentar con sus reivindicaciones a la Patronal y al Estado. La Burguesía y su Estado tomaron nota y 14 años después del citado editorial se promulgó la ley de Residencia -y en 1910 la de Defensa Social- para aplacar la agitación obrera y apuntalar el orden burgués. La ley de Residencia estuvo vigente durante 56 años y fue aplicada con renovado rigor durante el gobierno del militar Perón: fueron decenas los obreros expulsados del país; además, la peronista Constitución Nacional de 1949, en su artículo 31, facultaba al Estado “para expulsar del país a los extranjeros”. El gobierno peronista también reforzó discursivamente el propósito de consolidar en los obreros una identidad “nacional” policlasista en oposición a una exclusiva identidad de clase obrera que interpelaba a los trabajadores sin importar su nacionalidad. Así, mientras Perón mencionaba constantemente el peligro de que resurgiera la “peste roja” que él desde el Estado combatía con singular ahínco, el secretario general de la C.G.T. José Espejo declaraba como “convencional constituyente” en 1949: “La posición de que los obreros, en sus luchas de reivindicación, deben colocarse en una actitud de intransigencia frente a los poderes del Estado, es una posición rebelde y destructiva. Nosotros, los obreros argentinos, colaboramos con nuestro gobierno para la estructuración de la patria común” (La Constitución Nacional de 1949. Una causa nacional, Luis Alberto Terroba).

Nueva ley, mismos propósitos

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017 sanciona un “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo” para expulsar extranjeros. En consecuencia, estamos en presencia de una norma jurídica que atrasa 115 años: como la ley de Residencia, el DNU le otorga al Estado facultades para expulsar a cualquier persona extranjera que atente contra el “orden público”. La norma excluye expresamente la instancia de apelación de la persona extranjera y otorga al juez la potestad para expulsarla dentro de los tres días de iniciado el “procedimiento migratorio especial sumarísimo”.

Como la tristemente célebre ley de Residencia, la nueva modificación de la ley de Migración apunta contra la clase obrera y el conjunto de los desposeídos: manteros, prostitutas y dealers podrían llegar a ser deportados porque realizan “actividades ilícitas” (artículo 4 del DNU). Y aún más: la ley determina la expulsión de personas que hayan participado de “actos de terrorismo”. Recordemos que la “ley antiterrorista” (Ley 26734, impulsada y promulgada por el gobierno peronista de Cristina Fernández en 2011) castiga un “delito cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”: que el propósito no es desbaratar a un grupo terrorista internacional vinculado al narcotráfico sino atacar la iniciativa autónoma de simples explotados y oprimidos quedó demostrado en febrero de 2012, cuando la ley fue estrenada contra activistas que bloqueaban Amaicha del Valle (Tucumán) en rechazo de la megaminería.

En síntesis: el decreto-ley apunta a disciplinar a cualquier trabajador extranjero, caso contrario podría ser deportado en virtud de actos “ilícitos” (narcomenudeo, venta callejera de mercaderías, etc.) o “terroristas” (autoorganización para lograr mejores condiciones de trabajo en el caso de los inmigrantes indocumentados -en los talleres textiles clandestinos de la ciudad de Buenos Aires, por caso-).

Los obreros no tenemos patria

La burguesía insiste con que los extranjeros de países limítrofes cada vez son más, que usufructúan los servicios de salud y educativos a expensas de los “argentinos”, que constituyen un grave problema de inseguridad porque manejan el narcotráfico ilegal y participan de redes de trata de personas. La realidad es muy distinta: en 20 años, la población extranjera total osciló entre el 4 y el 5% (entre 2,6 y 3,1% provenientes de países limítrofes), según los datos de los censos de 1991, 2001 y 2010. Si comparamos el 4,5% de población extranjera que había en 2010 con el 29,9% de 1914, comprobamos que la incidencia de los extranjeros en el porcentaje total de la población es menor que cien años atrás. ¿Los extranjeros le quitan vacantes a los niños argentinos en edad escolar? Según datos del Ministerio de Educación de la Nación (Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa) los niños y adolescentes extranjeros de todos los niveles de enseñanza hasta el superior no universitario ocupan el 1,3% de los bancos de las escuelas. ¿La mayoría de los presos son extranjeros? No: 6% del total de presos son extranjeros.

Queda demostrado que la nueva ley y las declaraciones de los agentes de la burguesía sólo apuntan a generar desconfianza entre los trabajadores, más allá del lugar de nacimiento que nos tocó en suerte. Los trabajadores nativos y extranjeros debemos asumir que sólo tenemos una única identidad y conciencia de clase. Unidos enfrentaremos al Estado que promueve prejuicios xenófobos.

Fernando Rossoinero

Activista de la SROV Capital

27/2/2017